El Ayuntamiento de Barcelona da 331 licencias por empresa de motosharing

El Ayuntamiento de Barcelona ya ha otorgado las licencias para el motosharing y el bicisharing. Ya se intuía que la decisión de regular el uso de motos y bicis eléctricas de uso compartido no iba a ser del agrado de las principales empresas de motosharing. Pero el reparto de estas licencias ha caído como una losa pues supone tener que reducir en gran medida su flota.

Licencias insuficientes para el motosharing

Así pues, el consistorio barcelonés ha adjudicado hasta 6.958 licencias para motocicletas y ciclomotores eléctricos de usos compartido y 3.975 para bicis eléctricas de uso compartido entre las 21 empresas de motosharing y 10 de bicisharing. De esta manera cada una de las empresas solicitantes han recibido 331 licencias en motos eléctricas y 419 licencias para bicis compartidas, excepto para Yego que solamente solicitó 200 licencias para su servicio de bicisharing. El Ayuntamiento de Barcelona se ha limitado a decir que el reparto ha sido equitativo.

Pero las grandes empresas ya han puesto el grito en el cielo. Este es el caso de Cooltra que se verá obligada a reducir su flota un 85% en la capital catalana, pasando de poner 2.300 motocicletas en la calle a las 331 permitidas. La compañía se ha limitado a decir que “están devastados”. Ahora tanto Cooltra como las 20 compañías que han pedido estar en el reparto de licencias tienen 10 días hábiles para demostrar que cumplen los requisitos establecidos en la regulación municipal de esta actividad. Estos requisitos son:

  • La geolocalización de todos los vehículos en tiempo real.
  • La reubicación de vehículos mal estacionados en un máximo de 24 horas.
  • El aparcamiento de las bicicletas eléctricas en las zonas habilitadas por el ayuntamiento (en forma de “u” invertida).
  • La no concentración de más del 50% de la flota en el centro de la ciudad (Ciutat Vella, Eixample y parte de Gràcia).
  • La identificación de los vehículos con un número de manera visible.
  • La cobertura de cada vehículo eléctrico con un seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que se puedan ocasionar a terceras personas y al dominio público.

Sanciones y tasas

Además, cada una de estas empresas deberá adherirse a un Código de Buenas Conductas y difundirlo entre sus usuarios. El incumplimiento de este decálogo se puede dar por conducción con una tasa de alcohol superior a la permitida, o bajo la influencia de drogas. O también por permitir el uso del vehículo a una persona diferente de la registrada, entre otras actitudes reprobables.

Si las empresas incumplen algunas de estas condiciones, se pueden ver expuestas a pagar una sanción de 450,76 euros. Además, estas empresas deberán de pagar una tasa municipal de 71,51 euros anuales por vehículo.

Las intenciones del consistorio con esta regulación a través de repartos de licencias son varias: preservar y proteger el espacio público, promover una movilidad más sostenible, y reducir las emisiones locales, la contaminación atmosférica, y el número de accidentes.